Qué dice el artículo 82 de la Ley 39 2015

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una normativa que regula el funcionamiento de los procedimientos administrativos en España. En particular, el artículo 82 de esta ley es de gran relevancia, ya que establece una serie de plazos para la resolución de los expedientes administrativos.

Se analizará en detalle lo que establece el artículo 82 de la Ley 39/2015. Se explicará cuáles son los plazos que se establecen para la resolución de los expedientes administrativos, así como las consecuencias de su incumplimiento. Además, se examinarán las excepciones y circunstancias especiales que pueden alterar estos plazos. Es importante tener en cuenta esta normativa para comprender cómo funcionan los trámites administrativos en España y conocer los derechos que tenemos como ciudadanos en relación a los plazos de respuesta de la Administración Pública.

Cuál es el contenido del artículo 82 de la Ley 39 2015

El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece las condiciones y requisitos para la notificación y publicación de actos administrativos.

En primer lugar, se establece que los actos administrativos deben ser notificados a los interesados de forma expresa y con indicación de los recursos que puedan interponerse contra los mismos. Esta notificación puede ser realizada de forma presencial o mediante cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por parte del interesado.

Además, se establece que los actos administrativos deben ser publicados en el Diario Oficial correspondiente, a menos que la normativa específica establezca otra forma de publicación. Esta publicación tiene como finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

En caso de que el acto administrativo afecte a un colectivo indeterminado de personas, se establece la obligación de realizar una publicación adicional en un medio de difusión general, como un periódico o una página web oficial. Esta publicación adicional tiene como objetivo garantizar la máxima difusión del acto y asegurar que todas las personas afectadas tengan conocimiento del mismo.

Por otro lado, se establece que los actos administrativos podrán ser objeto de notificación colectiva cuando se trate de actos de trámite o cuando exista un número elevado de interesados que haga inviable una notificación individualizada. En estos casos, la notificación colectiva se realizará mediante su publicación en el tablón de anuncios electrónico correspondiente.

Finalmente, se establece que los actos administrativos podrán ser notificados de forma electrónica cuando el interesado haya aceptado expresamente este medio de notificación y haya facilitado una dirección electrónica válida. En este caso, la notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido por parte del interesado.

El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece las condiciones y requisitos para la notificación y publicación de actos administrativos, garantizando así la transparencia, el acceso a la información y los derechos de los ciudadanos.

Qué regula el artículo 82 de la Ley 39 2015

El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula aspectos fundamentales relacionados con el acceso a la información pública.

Acceso a la información pública

El artículo establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, sin necesidad de acreditar un interés legítimo. Este acceso debe ser facilitado por las Administraciones Públicas, de manera que se garantice la transparencia y el buen funcionamiento de la Administración.

Para ello, se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar de forma activa la información pública que sea relevante para la ciudadanía. Esta información debe ser accesible de manera sencilla, clara y gratuita a través de medios electrónicos.

Limitaciones al acceso

A pesar de este principio de acceso a la información pública, el artículo 82 también establece una serie de limitaciones. Estas limitaciones están justificadas por la protección de otros derechos y bienes jurídicos, como la protección de datos personales, la seguridad nacional o la protección de secretos comerciales y empresariales.

En estos casos, las Administraciones Públicas podrán denegar el acceso a la información solicitada, siempre y cuando se justifique adecuadamente la existencia de una causa de denegación y se indique el precepto concreto que la ampara.

Procedimiento de acceso

El artículo 82 también establece el procedimiento para solicitar y obtener acceso a la información pública. Se indica que las solicitudes de acceso deben realizarse por escrito, especificando de forma clara la información deseada.

Las Administraciones Públicas están obligadas a contestar a las solicitudes de acceso en un plazo máximo de un mes. En caso de no recibir respuesta en este plazo, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

En caso de denegación de acceso, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos o judiciales correspondientes.

El artículo 82 de la Ley 39/2015 es fundamental para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Establece los principios básicos, las limitaciones y el procedimiento para solicitar y obtener esta información. Con ello, se busca fomentar la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas, promoviendo la participación ciudadana y el control democrático.

Cuáles son los derechos o disposiciones establecidos en el artículo 82 de la Ley 39 2015

El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece una serie de derechos y disposiciones relacionados con los procedimientos administrativos que deben seguirse en la Administración Pública española. A continuación, se detallan los principales puntos que contempla este artículo:

1. Derecho a la tramitación electrónica de los procedimientos

El artículo 82 reconoce el derecho de los ciudadanos y empresas a interactuar con la Administración Pública de forma electrónica, es decir, a presentar solicitudes, realizar trámites y recibir notificaciones a través de medios electrónicos.

2. Obligación de las Administraciones Públicas a habilitar los medios electrónicos necesarios

Las Administraciones Públicas están obligadas a habilitar los medios electrónicos necesarios para garantizar la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos. Esto implica la creación de plataformas y sistemas que permitan a los ciudadanos y empresas realizar sus trámites de forma digital.

3. Derecho a la presentación de documentos electrónicos

El artículo 82 reconoce el derecho de los ciudadanos y empresas a presentar documentos en formato electrónico en los procedimientos administrativos. Esto incluye cualquier tipo de documento, como solicitudes, escritos, informes, etc.

4. Obligación de las Administraciones Públicas de aceptar documentos electrónicos

Las Administraciones Públicas están obligadas a aceptar y tramitar los documentos electrónicos presentados por los ciudadanos y empresas en los procedimientos administrativos. Se establecen mecanismos de validación y seguridad para garantizar la autenticidad e integridad de estos documentos.

5. Prioridad de la tramitación electrónica

El artículo 82 establece que la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos tendrá prioridad sobre la tramitación en papel. Esto implica que, en la medida de lo posible, se dará prioridad a los trámites realizados de forma electrónica, agilizando así los tiempos de respuesta de la Administración Pública.

6. Derecho a la utilización de medios electrónicos en las comunicaciones

El artículo 82 reconoce el derecho de los ciudadanos y empresas a utilizar medios electrónicos en las comunicaciones con la Administración Pública. Esto incluye el envío de notificaciones, requerimientos, resoluciones, entre otros, a través de medios electrónicos.

7. Disposiciones específicas para las Administraciones Públicas

El artículo 82 también establece disposiciones específicas para las Administraciones Públicas en relación a la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos. Se establecen plazos y criterios para la implementación de los medios electrónicos, así como la obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece una serie de derechos y disposiciones relacionados con la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos en la Administración Pública española. Estas disposiciones buscan fomentar la modernización y agilización de los trámites, así como facilitar la interacción de los ciudadanos y empresas con la Administración mediante el uso de medios electrónicos.

Qué obligaciones establece el artículo 82 de la Ley 39 2015

El artículo 82 de la Ley 39 2015 establece una serie de obligaciones que deben cumplir las administraciones públicas en relación a la gestión de procedimientos administrativos y la utilización de medios electrónicos.

Obligaciones de las administraciones públicas

En primer lugar, las administraciones públicas deben garantizar la existencia de medios electrónicos para la tramitación de procedimientos administrativos, así como para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por parte de los ciudadanos.

Además, deben asegurar la disponibilidad de sistemas que permitan la identificación y autenticación de los interesados, así como la utilización de firma electrónica.

Asimismo, las administraciones públicas deben establecer sistemas de registro electrónico, que permitan recibir y expedir documentos electrónicos y garantizar la integridad, autenticidad y conservación de los mismos.

Accesibilidad y usabilidad

Otra obligación establecida en el artículo 82 es la de garantizar la accesibilidad y usabilidad de los medios electrónicos, de forma que sean comprensibles y utilizables por todas las personas, independientemente de sus capacidades o conocimientos técnicos.

Para ello, se deben adoptar medidas que faciliten el acceso a los medios electrónicos, como la utilización de tecnologías accesibles, el diseño de interfaces intuitivas y la adaptación de los contenidos a diferentes formatos.

Plazos y notificaciones electrónicas

El artículo 82 también establece que las administraciones públicas deben fijar plazos máximos para la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Estos plazos deben ser razonables y suficientes para que los interesados puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Además, se establece la obligación de utilizar medios electrónicos para la notificación de actos administrativos, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento previamente.

Protección de datos y seguridad

Por último, el artículo 82 de la Ley 39 2015 establece la obligación de garantizar la protección de datos personales y la seguridad de la información en el ámbito de los procedimientos administrativos electrónicos.

Las administraciones públicas deben adoptar medidas que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, así como prevenir su acceso, alteración o destrucción no autorizada.

El artículo 82 de la Ley 39 2015 establece una serie de obligaciones para las administraciones públicas en relación a la gestión de procedimientos administrativos y la utilización de medios electrónicos. Estas obligaciones van desde asegurar la existencia de medios electrónicos y sistemas de identificación, hasta garantizar la accesibilidad, fijar plazos máximos y proteger la seguridad de los datos.